Ley de Economía... ¿Sostenible?

La Ley de Economía Sostenible, esa que se acaba de crear y ya está levantando ampollas, no se limita a una mejora de la economía española, ni a la creación de empleo. La Ley de Economía Sostenible, recoge, a última hora, un apartado que modifica la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la Ley de Propiedad Intelectual.

La idea es regular la piratería y defender los derechos de autor, al parecer, por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y es que las compañías de Internet se verán obligadas a entregar los datos de aquellas personas que se sospeche tienen algo que ver con páginas de descarga directa o P2P. Hasta ahí, todo más o menos comprensible.

El problema surge cuando se crea una Comisión de Propiedad Intelectual para que regule esto, sin necesidad de recurrir a un juez a no ser que la Comisión así lo considere. Sin embargo, el artículo 20.5 de la Constitución establece que sólo se pueden secuestrar publicaciones o medios tras una resolución judicial, por lo que la Comisión estaría haciendo caso omiso a la vigente Constitución.

España no es pionera en este tipo de medidas. Otros países europeos ya han vivido antes la polémica, como la reciente creación en Francia de un organismo administrativo que puede perseguir a los internautas que realicen descargas. En nuestro caso, los particulares no serán perseguidos, sino las páginas Web donde se enlazan las descargas. Eso sí, afirman que una vez comprobada la vulneración se remitirán varios avisos para que cese y, de no ser así, se procederá al bloqueo o supresión de los contenidos.

Hasta ahora, sólo se podía interrumpir el servicio de Internet (previa orden judicial) en cuatro supuestos: (1) la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; (2) la protección de la salud pública o de las personas físicas  o jurídicas; (3) el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y (4) la protección de la juventud y de la infancia.

Ahora se añade una nueva, y sin mediación de un juez. Está claro que hay que hacer algo contra la piratería, porque las obras pertenecen a sus autores y no es justo que no reciban nada a cambio por ellas. Pero parece que están tapando la boca a la gente y violando su derecho a la privacidad (cualquier excusa será válida para obtener los datos de un Blogger, por ejemplo, y bloquear su Web). La primera solución pasa por ajustar los precios (del mercado discográfico, por ejemplo) a la capacidad adquisitiva del ciudadano común, además de que existe una necesidad real de adaptarse a los nuevos medios. Internet ofrece millones de posibilidades, “si no puedes con tu enemigo, únete a él”.